La percepción de la población dominicana del desempeño de jueces y fiscales no puede ser más preocupante. Esto es aún mayor cuando lo unimos a la lucha contra la corrupción administrativa.
La ciudadanía se siente más frustrada aún porque no se ha sancionado ejemplarmente a los funcionarios y empleados públicos corruptos ni a sus conmilitones.
Lo peor es que estos funcionarios prevaricadores, de todos los ámbitos de la administración pública, nos estrujan –sin rubor- sus riquezas mal habidas.
Los principales problemas son la indeterminación política para actuar sin contemplaciones y la dependencia y parcialidad de los órganos de investigación, persecución y sanción.
Las mejoras de instrumentalización de los casos, sistemas preventivos y controles de gestión y eficiencia, aunque visibles en los últimos años, se ven empañadas por su débil gestión frente a los pedidos de toda la sociedad, de que se investigue de manera transparente y firme los casos de corrupción.
Los servidores públicos que deban ser procesados ante la Justicia, deben saber que tendrán en su contra un Ministerio Público que actuará con apego a la ley, con total imparcialidad y con toda la fuerza de una institución que busca verdaderamente acabar con la cultura de impunidad que existe en nuestro país.
Hemos visto avances en el Ministerio Público, pero ahora necesitamos voluntad política, responsabilidad y un profundo cambio institucional.
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